Si Tratáramos de visualizar las expectativas de los dominicanos para los próximos años, tomando en consideración lo que ha estado ocurriendo durante los últimos lustros, donde el irrespeto a la ley es consuetudinario entre gobernados y gobernantes, donde la violencia hace que aquí mueran más personas anualmente por causas violentas que en países en guerra, donde los valores fundamentales de nuestra nación parece que han sido sustituidos por los otras culturas en la música, en los bailes, en el comportamiento sexual de hombres y mujeres, donde el respeto por los mayores y sus tradiciones es objeto de olvido y muchas veces de malos tratos, donde nuestros docentes prefieren no cumplir con su responsabilidad para ir a una reunión política o de su sindicato, en fin, una sociedad que cada día se asombra por nuevos actos de corrupción de sus gobernantes y de su clase empresarial , por citar sólo algunos casos.
Lo que primero resulta a la vista, es el deseo de la sociedad por una mayor institucionalidad y donde espectáculos como el que nos ha dado el Congreso Nacional al aprobar sin la mayoría calificada las modificaciones a leyes previamente aprobadas con esa mayoría, no se vuelvan a repetir, que todos respetemos la Constitución dominicana como lo que es la ley de leyes, la ley que todos debemos cumplir y hacer cumplir en igualdad de condiciones. Este reclamo vale para las clases políticas. A una elección democrática se va a ganar o perder, y el que pierde debe aceptar el veredicto de los que con su voto decidieron el ganador.
También es visible el clamor de las personas por una educación de mayor calidad. Todos los informes nacionales e internacionales dan cuenta del deterioro del sistema educativo dominicano. Nos hemos preocupado de aumentar sustancialmente el número de alumnos en las aulas, pero hemos dejado de lado la importancia de ofrecerles una educación más en consonancia con la complejidad de una sociedad más moderna y competitiva, inmersa en proyectos de globalización que requiere de una educación más competitiva. Una educación mejor es una causa de más bienestar para las personas y sus familias. Por ello, el movimiento del 4% para la educación merece todo nuestro apoyo y esperamos que ustedes- egresados y egresadas- se involucren en este reclamo social. Esperamos que los nuevos dirigentes del país que resulten electos de las elecciones nacionales del 2012 asuman el reto de garantizar una educación de calidad para todos los dominicanos.
Nosotros vivimos en una sociedad violenta. Pero esa violencia tiene que ver con la falta de educación de las personas y con la falta de cumplimiento de las leyes. Ilustremos con un ejemplo: las autoridades saben que el país no produce cobre, pero permite la exportación de este mineral por las aduanas del país. Las empresas telefónicas y eléctricas denuncian constantemente el robo de sus redes públicas que, al parecer, son exportadas por nuestros puertos. Otro ejemplo. Un coronel de la policía nacional es dado de baja por las denuncias públicas de un capitán, previamente dado de baja por no asumir las órdenes de ese coronel de proteger a determinados puntos de venta de drogas, donde el coronel de referencia tenía asegurado ciertos privilegios.
En ambos casos, la ley es dejada de lado por los responsables de su cumplimiento y ese proceder es un caldo de cultivo para que la delincuencia crezca. Muchos supuestos criminales son puestos en libertad por tecnicismos legales del nuevo código procesal y constantemente vuelven a delinquir, incluyendo violadores sexuales, atracadores, secuestradores, etc.
Los ejemplos impropios que a diario observamos en el comportamiento de nuestros gobernantes, también favorecen los antivalores. Funcionarios que no pueden justificar los bienes que poseen a vista de todos, sin que nadie se preocupe de pedirles cuenta de dónde provienen esos bienes, motorizan en los más pobres, en los “desamparados de la tierra” el deseo de alcanzar riquezas sin importar los medios para ello. Muchos se han dedicado al narcotráfico, otros a los atracos, algunos a la trata de personas o a los viajes ilegales. La característica principal de todos, el funcionario de cuello blanco, el narcotraficante o el promotor de viajes ilegales y trata de personas, es hacer dinero rápido. La ética y la moral, son cosas del pasado. Hay que tener Jaguar, lanborgini, mercedes deportivos, villas en Casa de Campo o en Jarabacoa, en fin, hay que ser rico sin importar a quién o a quienes les hacemos daño.
Pero es la riqueza lo que debe motivar a nuestras autoridades?
Me gustaría pensar que actúan pensando en el bienestar de todos, en maximizar los recursos puestos a su disposición para hacer más obras en beneficio de los más necesitados, en garantizar la alimentación que reclaman los más pobres, en lograr una educación de calidad para todos y salud en abundancia, que nuestros hospitales sean orgullo de sus usuarios naturales, que la seguridad social subsidiada alcance a todos los rincones del país, que todos al final de su viva productiva obtengan una jubilación adecuada que asegure la vejez.
Me gustaría pensar que están actuando para que la energía eléctrica no sea el dolor de cabezas permanente de todos los hogares y empresas, que su costo refleje mejor la realidad y que permita que nuestros empresarios sean más competitivos y destinar las economías realizadas a crear más empleos en beneficio de los que más los necesitan.
Me gustaría pensar que la “iglesia” está en las manos correctas. Que casos como la del coronel antes citado, no se volverán a repetir. Tampoco la del juez que vende sus sentencias o la del procurador de corte que protege a secuestradores confesos y convictos. Estos casos ponen a prueba la idoneidad de la justicia como poder ente garante de la sociedad de que quienes cometen un delito, quienes se aparten de los principios de buena convivencia y respeto a las leyes, serán sancionados adecuadamente, sin importar lazos de amistad o de otra índole.
Lo que esperamos es que la sociedad funcione adecuadamente en base al cumplimiento de sus leyes y que los que están llamados a hacerlas cumplir actúen. La justicia es la garante del buen funcionamiento de las instituciones. Pero para que lo sea debe actuar en tiempo oportuno. La sociedad está a la espera de que la Suprema Corte se pronuncie sobre los casos que le han sido sometidos recientemente sobre la constitucionalidad o no de leyes orgánicas aprobadas con mayoría simple.
Egresados y egresadas:
Esperamos de ustedes que sean actores de las mejores causas de este país, que reclamen el cumplimiento de las leyes, que se unan al reclamo del 4% para la educación y contribuyan a que esta sea cualitativamente mejor, que denuncien la violencia en sus distintas formas, que actúen como ciudadanos conscientes de sus responsabilidades, que sean honestos en el ejercicio de sus funciones profesionales y que ayuden en la creación de empleos bien remunerados. Nuestra sociedad necesita de todos, del esfuerzo colectivo para acabar con los males que le aquejan, requiere que estemos atentos a la violación de nuestra constitución y las leyes.
Esperamos, además, que sigan estudiando para que sean mejores profesionales. En la sociedad que vivimos y en la que se vislumbra, renovar los conocimientos será imperativo cada cierto tiempo si queremos ser competitivos en la empresa y en la sociedad, debemos hacer la maestría o el doctorado según sea el caso. Pero además, debemos hacer cursos cortos y largos para conocer los avances de nuestras profesiones. También, debemos participar en redes temáticas con colegas del país o del extranjero para conocer sus experiencias y darles las nuestras. Debemos seguir las revistas actualizadas de nuestro ámbito profesional. En fin, debemos ser proactivos en la búsqueda de nuevos saberes. Y esto es lo que nos ha de convertir en mejores profesionales al servicio de la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos.